Colombianos en el Exterior
POLOMOSCA
Nos dirigimos desde fuera del país a la comunidad internacional. Queremos poner de presente, ante ella, la angustiosa situación por la que atraviesan millones de colombianos que todavía viven en Colombia.
Este “todavía” no es una arbitrariedad. Por fuera del territorio hay seis millones de colombianos, que constituyen el 15 por ciento de la población total del país. Ese porcentaje es uno de los más altos del mundo.
No dudamos en calificar al régimen que dice gobernarnos como una dictadura. Sabemos que manipula con éxito la información para dar la apariencia de ser una democracia.
En Colombia no tenemos una democracia. Lo que tenemos es el gobierno de un mínimo grupo de familias y de individuos, que se atornillan al poder mediante la violencia y el miedo. Todos conocemos con nombre propio a esas familias y a esos individuos.
Dicho grupo jamás ha contado con ningún apoyo popular. En las últimas elecciones, que presentó como “un triunfo arrollador” de su candidato, este último obtuvo menos del 50 por ciento de la votación posible en el país. Si ese es el triunfo, ¿qué cosa es la derrota?
Los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas, los atentados criminales contra el sindicalismo, contra los territorios y los dirigentes indígenas, contra las organizaciones populares, las agresiones contra la diferencia, los delitos persistentes contra la libertad de expresión y de pensamiento, el señalamiento de cualquiera que se atreva a cuestionar el statu quo como terrorista o subversivo, indican que en Colombia los espacios para la acción política no son mínimos: son nulos.
Pero las ficciones que vivimos son complejas. En el exterior se piensa que hay una oposición y se la encarna en el candidato que obtuvo 3 millones y medio de votos en las elecciones presidenciales. Pues bien, esa no es la oposición. Esa es, tal vez, una opción, posiblemente respetable, pero sólo eso: una opción.
La oposición se ha concentrado en el Polo Democrático Alternativo. Dentro de esa oposición, el Polo Mosca marca una diferencia. Tenemos que lograr que esa oposición y esa diferencia sean vigorosas.
Cuando se hacen reconocimientos internacionales a la política de despojo y de terror que impera en el país, sabemos que en ellos lo que prima es la necesidad de hacer negocios. Esos negocios tienen nombre propio: se llaman Tratados de Libre Comercio. En varios países están en lista de espera para ser aprobados, dejando de lado la exigencia del respeto a los derechos humanos.
La refrendación de esos acuerdos dará luz verde al régimen, para que entre a saco en el derecho a la vida, la honra y los bienes de los colombianos.
Pero sobra decirlo: el gobierno se entrega con las manos atadas a los más sórdidos intereses económicos internacionales, porque necesita de ese tipo de apoyos.
Vemos con angustia la forma como se conceden licencias de exploración y explotación mineras en territorios que forman parte de las reservas naturales. Al ritmo que avanza esa entrega, Colombia se habrá convertido en un desierto en el curso de pocas décadas.
Qué contraste con el de otros países, otros gobiernos y otros dirigentes. En Colombia ese tipo de políticas no se conocen.
Cuando el presidente Correa declara que la exploración del petróleo del Ecuador es de las compañías, pero que la explotación corresponde a los ecuatorianos, sabemos lo que es un gobierno. El gobierno de Colombia se limita a hacer lo que le demandan intereses que no son los nuestros.
Nadie lo sabe, a nadie le interesa, pero en Colombia se consolida la ficción de una democracia a través del empleo perverso de los recursos del estado.
Un alto porcentaje del resultado electoral que favoreció a los criminales de siempre, se obtuvo a partir de las limosnas que el gobierno le entregó a quienes fueron despojados de todo por el mismo gobierno y por sus esbirros.
La manipulación es perversa. Se despoja a las comunidades de lo que les pertenece, para montar industrias agrícolas y mineras que se ponen en manos de potentados, nacionales o internacionales, cercanos al régimen, y una vez esas comunidades están acorraladas en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, se les devuelve una mínima parte de lo que les pertenece a través de limosnas con las que compran su voto para las elecciones. Así, las víctimas terminan votando por los victimarios. Y, es más, dándoles las gracias.
No podemos permitir que continúe este estado de cosas. Nuestra tarea como voceros de los colombianos que están en el exilio por razones económicas o políticas, es la de tratar de mostrarle a la comunidad internacional cuál es la situación real que se vive en Colombia.
Para poner un solo ejemplo del carácter criminal del régimen, basta decir que la juez que condenó a 30 años de cárcel al autor de la desaparición, tortura y muerte de once personas inocentes en la toma del Palacio de Justicia en 1985, tuvo que huir del país con su familia por amenazas de grupos cercanos al ejército nacional.
Ahora mismo, ante la condena proferida por la Corte Internacional de Derechos Humanos contra el estado por el asesinato del senador Manuel Cepeda, se han recrudecido los señalamientos contra las organizaciones cívicas y las personas que llevan la vocería de quienes no se resignan a vivir de rodillas y a ser despojados.
Con esos señalamientos no sólo se amenaza a las personas. Con ellos se logra un resultado tremendamente peligroso: que el paramilitarismo y el narcotráfico comiencen a ser considerados, dentro del inconsciente colectivo, como partes estructurales del sistema. En este momento lo son, es verdad. Pero no tienen por qué serlo. Ese sinsentido forma parte de aquello contra lo que estamos luchando.
Una de esas organizaciones de investigación, denuncia y reivindicación es la del “Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”, que dirige Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda y, como tal, alguien que ha padecido en carne propia la violencia instaurada por el régimen.
Iván Cepeda acaba de ser electo como representante al Congreso de Colombia. A través suyo, es posible que el país comience a recuperar la voz que ha venido perdiendo en forma paulatina.
Pero el sistema no descuida ninguno de los frentes que considera “de guerra”. Para eso tiene áulicos y tiene voceros.
Andrés Felipe Arias y José Obdulio Gaviria son áulicos y son voceros. No sobra anotar que ahora mismo han sido llamados a rendir indagatoria por el manejo abusivo de las herramientas de poder que tuvieron a su cuidado.
Ante la sentencia condenatoria de la CIDH (que comienza a ser burlada), esas dos personas han señalado a Iván Cepeda como cercano a la guerrilla de las FARC. En Colombia, ese señalamiento equivale a una sentencia de muerte.
Queremos denunciar ese hecho ante la comunidad de las naciones. Si a Iván Cepeda le llegase a ocurrir lo que habitualmente ocurre en Colombia con quienes no se prestan a ser cómplices del sistema, será ese sistema, ese régimen, ese gobierno y esos voceros quienes deberán asumir la responsabilidad de lo que ocurra.
Esperamos que Iván Cepeda pueda seguir su labor intelectual y política sin sufrir nuevas amenazas ni nuevos señalamientos.
Boston, julio 8 de 2010
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