Resolución de la OEA sobre la crisis regional

Texto de la resolución adoptada el miércoles 5 de marzo de 2008 por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sobre la crisis entre Ecuador y Colombia, bajo el nombre de “Convocatoria de la reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores y nombramiento de una comisión”:

Considerando:

Que en la madrugada del sábado 1 de marzo de 2008 fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del gobierno del Ecuador, para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano.

Que el hecho ocurrido constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional.

Que este hecho ha producido una grave crisis entre estos dos países, provocando la ruptura de relaciones entre ambos estados y una grave tensión en la región.

Que de acuerdo con el articulo 84 de la Carta, es función de la OEA velar por el mantenimiento de relaciones de amistad entre los estados miembros, utilizando procedimiento que esa misma carta señal;

Resuelve:

1. Reafirmar el principio de que el territorio de un estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro estado, directa o indirectamente, cualquier fuera el motivo, aun de manera temporal.

2. Constituir una comisión encabezada por el secretario general e integrada por cuatro embajadores designados por éste, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen, eleve el correspondiente informe a la reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores uy proponga fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.

3. Convocar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61, 62 y63 de la carta de la OEA, a una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para el lunes 17 de marzo de 2008, en la sede de la OEA, con el fin de que examine los hechos y formule las recomendaciones pertinentes.

 Marzo 5 de 2008

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La primera versión oficial colombiana sobre el operativo militar que culminó con la muerte del comandante guerrillero “Raúl Reyes” pone en evidencia la violación del territorio ecuatoriano por parte de Colombia.

Declaración de la bancada parlamentaria del PDA

DECLARACIÓN

A propósito de los recientes sucesos que han deteriorado en materia gravísima las relaciones de Colombia con Ecuador y Venezuela, la bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso declara:

Son los pueblos de los tres países, y en especial el colombiano, las principales víctimas del deterioro de los intercambios económicos, sociales y culturales entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Esta realidad es más cierta en el caso de las regiones fronterizas, donde son permanentes y por millones dichos intercambios.

Las buenas relaciones entre los países solo pueden florecer si los gobiernos respetan de manera incondicional las normas del derecho internacional. Las teorías de que “el fin justifica los medios” o “del mal menor” para violentar la legalidad nacional o internacional suscrita por Colombia, por las que tanto hemos sufrido los colombianos, son especialmente dañinas para las buenas relaciones entre los países. Y es evidente que cualquier tipo de cooperación internacional tiene que tener como fundamento el respeto del derecho soberano de cada país para acordarla.

El gobierno de Colombia tiene el derecho legal de enfrentar a las fuerzas guerrilleras que operan en el territorio nacional, pero debe hacerlo de acuerdo con la Constitución y las leyes de la república y el derecho internacional. Por tanto, el Polo Democrático Alternativo no puede respaldar la decisión del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez de invadir militarmente el territorio de la hermana República del Ecuador para atacar a las Farc, pues ello constituye una violación flagrante de la soberanía de ese país, de las normas nacionales y de los tratados internacionales.

Resulta por lo menos extraño que se le entregue a un general de la policía colombiana la representación diplomática de Colombia que por ley le corresponde al Presidente de la República o al ministro de Relaciones Exteriores.

Es muy grave para la imagen internacional de Colombia que la mencionada acción militar en el territorio ecuatoriano coloque al país como uno que viola reiteradamente las normas y los tratados internacionales. Es muy preocupante que esta última violación haya sido incluso señalada por los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Italia y Costa Rica, entre otros.

Los países vecinos de Colombia también tienen que respetar las normas del derecho internacional y, entre ellas, las que señalan la necesidad del respeto mutuo entre los gobiernos, a pesar de sus diferencias, y el no tomar decisiones que afecten negativamente la vida de los pueblos. En consecuencia, no compartimos que el gobierno de Venezuela utilice un lenguaje impropio de la diplomacia para referirse al Presidente de Colombia, entrabe las relaciones económicas entre los dos países e intervenga en el conflicto armado colombiano.

El escalamiento de la confrontación bélica interna de Colombia, con sus cada vez más graves consecuencias en las relaciones con los países vecinos, exige insistir en la urgente necesidad de solucionar el conflicto armado interno, solución que deberá obtenerse por medios políticos. Es de especial importancia que los últimos sucesos no impidan la liberación inmediata de los secuestrados ni el logro de un acuerdo humanitario.

Caben unos interrogantes: ¿El gobierno de Colombia le ha dicho toda la verdad al país sobre la operación militar en Ecuador? ¿Colaboró Estados Unidos en ese operativo?

Instamos al gobierno de Colombia, e invitamos a los de Venezuela y Ecuador, a esforzarse por la pronta superación del grave deterioro de las relaciones entre ellos, problema que no podrá resolverse sin el compromiso de cada una de las partes de respetar sin condiciones las normas internacionales. Es necesario no utilizar las organizaciones internacionales como escenario para agravar las actuales contradicciones.

Reiteramos que son los pueblos los que sufren las peores consecuencias del daño en las relaciones entre los gobiernos.

Bogotá, 4 de marzo de 2008.

¿Cuál la actitud del Polo frente a la crisis regional?

México, 5 de marzo de 2008
Texto de opinión por Mauricio Trujillo-Uribe

Luego de que la Dirección Nacional del PDA aprobara el pasado 2 de marzo de 2008 una declaración pública frente a la crisis de las relaciones de Colombia con Ecuador y Venezuela, han tenido lugar una serie de hechos que han profundizado esa crisis y, si la escalada no se detiene, la polarización creciente podría conducir a un enfrentamiento de graves consecuencias para los pueblos y países de la región.

El Polo debe fijar su posición como partido de izquierda democrática ante estos nuevos hechos, contribuyendo en lo posible a proponer salidas que ayuden a que la tensión disminuya y se restablezcan las relaciones entre los tres países hermanos. Es necesario intentar medir lo sucedido en su justa dimensión, me permito presentar al PDA las siguientes reflexiones:

      El Estado colombiano, el actual, tiene el legítimo derecho del monopolio de las armas, tiene el legítimo derecho de perseguir y combatir a los grupos armados ilegales, entre ellos a las FARC. En consecuencia, el gobierno colombiano tiene la obligación de enfrentar sin excepción a esos grupos. Al mismo tiempo, es su deber buscar salidas políticas para poner fin a un conflicto armado que lleva más de cuarenta años.

      En los acontecimientos que culminaron el pasado 1 de marzo de 2008 con la muerte del comandante de las FARC, Raúl Reyes, el gobierno de Colombia no atacó a la población civil, ni a las autoridades, ni a los bienes del Ecuador. Las Fuerzas Armadas atacaron un campamento de las FARC que se encontraba en Ecuador, al borde de la frontera con Colombia, sin que hubiese la intención de atacar al país hermano.

      Sin embargo, el asalto al campamento violó la soberanía y la integridad territorial del Ecuador. En este sentido se trata de un acto reprobable y condenable, como lo es todo acto por parte de las autoridades colombianas que, en el marco del combate a los grupos armados ilegales, viole las leyes. Le cabe al gobierno de Uribe toda la responsabilidad legal por la violación del Derecho Internacional en que ha incurrido, como le cabe a las FARC toda la responsabilidad política por utilizar las fronteras de los países vecinos.

      Las pruebas que supuestamente el gobierno de Colombia dice haber encontrado en los computadores incautados en el asalto, indican que el gobierno del Ecuador estaba apoyando a las FARC. Seguramente esto es falso, el gobierno ecuatoriano sostiene que mantenía contactos con las FARC con el fin de facilitar la liberación de las personas secuestradas, entre ellas Ingrid Betancur. ¿Pero es normal que esos contactos con las FARC se estuviesen adelantando sin el conocimiento del gobierno de Colombia? ¿Esta relación unilateral con las FARC por parte del gobierno de Ecuador, aun si fuese por motivos humanitarios, no es a su vez una violación de la soberanía de Colombia?

      Con motivo del asalto al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha expresado improperios contra el Presidente Uribe. No en vano las declaraciones de Carlos Gaviria el pasado 2 de marzo: “Yo soy el Presidente de un partido de oposición pero nosotros debemos tener presente que al Presidente lo eligieron los colombianos y que el Presidente no puede ser tratado de una manera tan irrespetuosa por Jefes de Estado de países extranjeros y mucho menos vecinos”. El presidente Chávez también ha amenazado con guerra si un tal hecho llegase a producirse en territorio venezolano, ha cerrado la embajada de Venezuela en Bogota, ha expulsado el embajador de Colombia en Caracas y ha anunciado el cierre de la frontera con Colombia. Actuando de esta manera, el presidente Chávez, lejos de conseguir que la opinión pública colombiana entienda sus razones, provoca la adhesión de la misma al presidente Uribe y le “da manivela” a la escalada de la confrontación entre los dos países. ¿No estamos acaso frente a una respuesta desproporcionada por parte del presidente Chávez, cuando en realidad los hechos sucedieron en Ecuador y no en Venezuela?

–     Es inconveniente y provocador el anuncio del presidente Uribe de presentar una demanda contra el presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por patrocinio de grupos terroristas, tanto más cuando cerca del 30% de congresistas que apoyaron al primer mandatario en su pasada campaña electoral se encuentran investigados por vínculos con grupos paramilitares. Todo lo anterior cierra aun más las puertas a la posible gestión del presidente Chávez para facilitar un Acuerdo Humanitario (luego de quedar demostrado su valioso concurso en la reciente liberación de los secuestrados) y a su acción en aras de un acuerdo político para acabar con el conflicto interno armado. ¿Podría ser el presidente Lula quien entre a jugar un rol de intermediación?

      En la OEA, varios gobiernos de países de América Latina han apoyado el pedido del gobierno de Ecuador de condenar a Colombia por la violación de su soberanía nacional. ¿Tal petición puede considerarse justa, sin considerar injusta la solicitud de que se investigue el supuesto apoyo financiero del gobierno de Venezuela a las FARC?

      La bancada del partido Liberal en el Congreso de Colombia ha anunciado su respaldo al Presidente Uribe “para que solucione la crisis, pero no para que la profundice”. A su vez, muchos colombianos y colombianas, así como la comunidad internacional, mirarán con atención la posición del Polo frente al presidente Uribe en esta crisis regional. ¿Cuál actitud del PDA en tanto que principal fuerza política de oposición al gobierno y como partido que defiende los intereses de la nación y propugna por la paz en la región?

Mauricio Trujillo-Uribe

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PDA
Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del PDA